La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años la información integrada en las carpetas de investigación relacionadas con Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado por la institución como el piloto vinculado al traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en 2024.
La decisión fue confirmada el 19 de agosto de 2026 por el Comité de Transparencia de la FGR, por lo que las grabaciones, peritajes, entrevistas y otros documentos permanecerán clasificados hasta 2031 o hasta que desaparezcan las causas que originaron la reserva.
Argumentos de seguridad nacional
La fiscalía argumentó que divulgar la información representaría un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional y el interés público, debido a que los documentos forman parte de investigaciones ministeriales aún en curso.
De acuerdo con la institución, la entrega de los expedientes podría revelar líneas de investigación, evidencias y diligencias destinadas a esclarecer los hechos, así como determinar si existen elementos para ejercer o no acción penal.
La FGR también sostuvo que la difusión anticipada afectaría la eficacia de las investigaciones y expondría la capacidad institucional para realizar diligencias útiles sobre la posible existencia de delitos y la responsabilidad de las personas involucradas.
Investigación sobre el piloto
La institución informó previamente que fue hasta junio de 2026 cuando encontró indicios derivados de análisis de voz y huellas dactilares que relacionan a Núñez Ojeda con el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López desde Sinaloa hacia Nuevo México.
Núñez Ojeda fue detenido en febrero de 2025 y posteriormente entregado a autoridades de Estados Unidos junto con otros presuntos integrantes de organizaciones criminales. La FGR señaló que, al momento de la entrega, no tenía confirmada su identidad como el piloto relacionado con el traslado de Zambada.
Advertencia para servidores públicos
La fiscalía advirtió que los servidores públicos que divulguen datos contenidos en expedientes de investigación podrían enfrentar responsabilidades penales y administrativas por afectar la administración de justicia y quebrantar el deber de reserva.
La clasificación permanecerá vigente durante cinco años, salvo que antes se extingan las causas que la motivaron. Mientras tanto, la información solicitada continuará protegida por tratarse de una indagatoria en trámite.