La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el 19 de octubre de 2026 la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada en 2023, y mantuvo las disposiciones que establecen condiciones distintas para acceder a estímulos y becas públicas según la institución de adscripción de cada investigador.
La resolución mantiene la prioridad para investigadores de universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación públicos. En el caso de académicos de instituciones privadas, los apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores pueden otorgarse mediante convenios o ser cubiertos por las propias instituciones.
Qué establece la legislación
La ley contempla que los recursos públicos se orienten de manera preferente a becas de posgrado y posdoctorado, así como a estímulos para integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que realicen actividades en instituciones del sector público. También prevé mecanismos de colaboración con instituciones privadas.
La Suprema Corte determinó que estas reglas no excluyen de manera absoluta a los investigadores del sector privado, sino que establecen una vía diferenciada para acceder a los estímulos. Además, descartó que las prioridades previstas por la ley vulneren la libertad de cátedra, al no imponer contenidos, metodologías ni líneas de investigación.
Debate entre la comunidad académica
La decisión reactivó la discusión sobre el uso de recursos públicos para financiar la investigación realizada en universidades privadas. Una parte de la comunidad académica sostiene que el conocimiento científico es un bien público y que los estímulos deben reconocer la labor de las personas investigadoras, sin importar la institución en la que trabajen.
Otros especialistas consideran que el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores fue creado para fortalecer principalmente la investigación pública y que reconocer la actividad científica con los mismos criterios no implica que el Estado deba financiar de igual manera a instituciones públicas y privadas.
También se ha señalado que el problema de fondo es la precariedad general del trabajo científico y la necesidad de ampliar los recursos disponibles para la investigación, independientemente del tipo de institución donde se desarrolle.
Alcances de la resolución
La validación de la ley mantiene vigente el esquema de apoyos diferenciados para investigadores de universidades públicas y privadas. Por ahora, las instituciones particulares que busquen acceder a recursos públicos deberán recurrir a los mecanismos de colaboración previstos en la legislación o asumir directamente determinados estímulos.