La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó el 30 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados sobre investigaciones relacionadas con contratos de grupos empresariales con entidades públicas, posibles irregularidades en el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM y presuntos esquemas de transferencia de recursos en Nuevo León y Sinaloa. La presentación acompañó la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, que reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar.
Contratos con entidades electorales, bajo investigación
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, expuso que dos grupos empresariales identificados como GC y GHC acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales; los contratos atribuidos al INE sumaron 430 millones de pesos.
La ASF abrió una investigación de oficio sobre posibles irregularidades vinculadas con el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), proveedores y personas servidoras públicas. Entre las líneas de indagación figuran relaciones entre empresas y funcionarios, subcontrataciones entre compañías de los mismos grupos y firmas con plantillas laborales reducidas o nulas.
También se revisan posibles prácticas que habrían limitado la competencia en licitaciones. Estos señalamientos forman parte de investigaciones en curso: no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.
La indagatoria sobre el examen de la UNAM
En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ASF aseguró de manera precautoria repositorios de información y servidores informáticos de Territorium Life, empresa que operó la plataforma del examen de admisión a licenciatura. La medida busca preservar información para investigar posibles irregularidades en la contratación y administración del servicio.
La plataforma fue cuestionada tras reportarse anomalías durante el proceso de examen en línea de 2026. La investigación deberá esclarecer las responsabilidades que pudieran derivarse; hasta ahora, el aseguramiento de información no equivale a una resolución sobre ellas.
Revisiones en estados y municipios
En Nuevo León y Sinaloa, la Auditoría reportó posibles esquemas de triangulación y simulación de operaciones mediante pagos a proveedores, con transferencias que podrían estar relacionadas con cuentas de personas físicas o morales con vínculos familiares con servidores públicos. En el caso sinaloense, se expuso la adjudicación de obra pública a una constructora constituida por familiares de un funcionario estatal.
La segunda entrega comprendió 374 informes individuales: 42 auditorías a municipios, 286 a entidades federativas y 46 a entes federales. Además de los más de 9 mil millones de pesos por aclarar en los tres órdenes de gobierno, la ASF reportó más de 5 mil 200 millones sin acreditar en las auditorías municipales y más de mil 200 millones pendientes de aclaración en entidades federativas.
Las observaciones y las investigaciones deberán seguir su curso de fiscalización y, en su caso, los procedimientos legales correspondientes. Los montos pendientes de aclarar no equivalen automáticamente a daños acreditados ni a responsabilidades firmes.