El arroyo Milpillas, uno de los afluentes del río Santiago, enfrenta desde hace aproximadamente 30 años denuncias por contaminación relacionada con los lixiviados de los vertederos Picachos y Hasar’s, ubicados al norte de Zapopan, Jalisco. Durante la temporada de lluvias, habitantes de comunidades como Huaxtla, Ixcatán, San Lorenzo y Milpillas han reportado cambios en el color del agua y afectaciones a sus actividades.
La situación volvió a llamar la atención en septiembre de 2026, cuando el agua de una poza de las cascadas de Huaxtla pasó de un tono turquesa a marrón. Vecinos y organizaciones señalaron que los escurrimientos procedentes de los sitios de disposición de residuos llegaron al cauce del río Milpillas, aunque las autoridades mantienen investigaciones para determinar el origen y la magnitud de la contaminación.
Un conflicto que comenzó hace décadas
José Casillas, presidente de bienes comunales de la comunidad indígena de Ixcatán, recordó que los pobladores comenzaron a organizarse desde la década de 1990, cuando los lixiviados del antiguo basurero de Copala afectaban la zona. En 1994, habitantes bloquearon el paso de camiones y consiguieron el cierre del sitio, que recibía alrededor de 800 toneladas de basura al día.
Después de ese cierre se firmaron convenios para atender los daños y se construyeron obras comunitarias. Sin embargo, el problema de la disposición de residuos continuó. En 1999 comenzó la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano Poniente, conocido como Picachos, que inició operaciones el 13 de mayo de 2001.
Actualmente, Picachos es administrado por el Ayuntamiento de Zapopan y recibe residuos de Zapopan y Guadalajara. De acuerdo con la información difundida sobre el relleno, el sitio recibe casi 3 mil 600 toneladas de basura diariamente; habitantes y autoridades municipales también han señalado que el ingreso de residuos de Guadalajara incrementó la presión sobre su capacidad operativa.
Daños denunciados por las comunidades
El historial de denuncias incluye afectaciones a actividades productivas y recreativas. En 2006, el propietario de un balneario tuvo que demoler varias piscinas después de que el Ayuntamiento de Zapopan señalara que el agua estaba contaminada, aunque en ese momento no se determinó públicamente el origen del problema.
También se reportó la muerte de ganado que bebió agua del arroyo. En 2007 se denunciaron 30 reses muertas y en 2009 se informaron otros casos que involucraron 15 vacas y 11 yeguas. Las comunidades volvieron a movilizarse en 2009 y 2014 para exigir medidas de contención y reparación.
Inspecciones y medidas ambientales
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó recorridos en la zona de Huaxtla y en el vertedero de Picachos durante septiembre de 2026. La autoridad informó que tomará muestras y coordinará análisis técnicos con otras dependencias para determinar el origen del deterioro del agua y establecer, en su caso, medidas de seguridad, acciones correctivas y sanciones.
En inspecciones relacionadas con Picachos se señalaron posibles deficiencias en la cobertura de los residuos, el manejo de lixiviados, la conducción del agua de lluvia, el monitoreo de biogás y acuíferos, así como en la operación de algunas celdas. También se ordenaron acciones de mitigación, entre ellas la compactación de taludes, la recobertura de celdas y el rebombeo de lixiviados.
El proyecto original del relleno contemplaba una vida útil de 12 años, pero desde entonces se han incorporado nuevas celdas para prolongar su funcionamiento. En 2012 se reportó una inversión de 18 millones de pesos para una planta de tratamiento de lixiviados y en 2019 se anunció una inversión de 200 millones de pesos para modernizar el sitio; posteriormente, en 2022, se informó que la planta se encontraba prácticamente desmantelada.
Mientras continúan las inspecciones, las comunidades mantienen sus denuncias y exigen que se determine con estudios científicos el impacto sobre el río Milpillas, las cascadas de Huaxtla, los manantiales y las actividades de la población. El conflicto permanece abierto y las autoridades aún deben definir las responsabilidades y las medidas de saneamiento de largo plazo.